Monreal: Paro en el PJF sería un delito contra la justicia -

Por: Redacción | 14 de agosto de 2024, 5:06 pm CST

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que un eventual paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) por parte de jueces y magistrados constituiría un delito contra la administración pública. Monreal señaló que tal acción violaría el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el acceso expedito y pronto a la justicia.

«El irse a paro jueces y magistrados violaría flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe ser expedita y pronta. Obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia, ellos lo sabrán”, expresó Monreal en una declaración contundente.

Monreal subrayó que si bien los jueces y magistrados tienen el derecho de expresar sus opiniones y actuar conforme a sus creencias, deben hacerlo dentro del marco legal y constitucional. Reiteró que no cree que los trabajadores del Poder Judicial tengan la intención de manifestarse, sugiriendo que cualquier agitación podría ser el resultado de desinformación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política negó categóricamente que la reforma al Poder Judicial, actualmente en discusión, afecte los derechos laborales de los empleados del sector. «Es falso que se vaya a despedir gente», afirmó Monreal, subrayando que no hay ningún elemento en la propuesta legislativa que perjudique a los trabajadores.

Monreal acusó a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de presionar a los trabajadores del Poder Judicial para que se movilicen en contra del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Según Monreal, estas acciones solo contribuyen a la confrontación en lugar de fomentar el diálogo.

Finalmente, Monreal criticó la gestión de Piña, sugiriendo que le falta diplomacia e inteligencia para manejar adecuadamente la relación entre los poderes. El senador aseguró que el Poder Legislativo tomará medidas para evitar la influencia del crimen organizado en las decisiones judiciales, estableciendo comités de especialización y vigilancia para revisar la Constitución y las leyes reglamentarias.