Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado urgente al Estado de México para que despenalice el aborto, señalando que el acceso a este servicio está gravemente limitado, a pesar de ser la entidad más poblada del país. La organización instó al estado a seguir el ejemplo de las 16 entidades mexicanas que ya han despenalizado el aborto, subrayando la falta de garantías para acceder a servicios de interrupción del embarazo en la región.
El informe titulado “Navegando obstáculos: acceso al aborto en el Estado de México”, publicado este martes, revela que las autoridades y proveedores de salud en la entidad no garantizan el acceso al aborto, ni siquiera en los casos permitidos por la ley. Esta situación, según HRW, atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres.
Aunque el aborto fue reconocido como un derecho constitucional en México, el Estado de México continúa criminalizándolo, permitiéndolo únicamente en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer, alteraciones congénitas del feto, o cuando el aborto es resultado de una acción culposa. Las penas para quienes realicen abortos sin el consentimiento de la mujer embarazada van de tres a ocho años de prisión, mientras que aquellas que consientan pueden enfrentar de uno a tres años de cárcel.
El informe de 44 páginas destaca que, incluso cuando el aborto es legal, las mujeres enfrentan numerosos obstáculos para acceder al servicio, como la negativa o postergación del procedimiento por parte de proveedores de salud, falta de información adecuada y cuestionamientos sobre sus decisiones. Estos impedimentos obligan a muchas mujeres a viajar a la Ciudad de México, donde el aborto está disponible hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, este traslado no es viable para personas en condiciones de pobreza, adolescentes, mujeres con discapacidad u otras que no pueden movilizarse fácilmente.
HRW advierte que la disparidad en el acceso al aborto podría suponer una carga significativa para los servicios de salud de la Ciudad de México, lo que acentúa las desigualdades en el país. Además, el informe cita que el acceso restringido al aborto en el Estado de México se ve agravado por prejuicios de género, estereotipos, requisitos arbitrarios y el temor a la criminalización.
El informe también menciona que el personal de salud del Estado de México ha observado un fuerte estigma asociado con el aborto, basado en la idea de que las mujeres, una vez embarazadas, deben convertirse en madres. Este estigma contribuye al maltrato de mujeres que buscan acceder al procedimiento, según revelaron varios proveedores de salud a HRW.
En cuanto a las adolescentes, HRW subraya que enfrentan retos adicionales debido a la necesidad de autorización parental para menores de 18 años, a pesar de que la NOM 046 establece que las adolescentes mayores de 12 años no requieren tal autorización. Las personas con discapacidad también se ven afectadas por la interdicción, que puede impedirles tomar decisiones sobre su salud reproductiva.
Ante este panorama, Human Rights Watch exigió a las instituciones de salud del Estado de México intensificar sus esfuerzos para garantizar que todas las personas puedan acceder al aborto sin restricciones, y subrayó la necesidad de una reforma legal que despenalice el procedimiento en la entidad.
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