Esta mañana se presentó en el Senado de la República el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado en colaboración con la organización Causa en Común. El informe, que analiza el desempeño de las fuerzas de seguridad durante el actual sexenio, plantea serias dudas sobre la efectividad de la Guardia Nacional y el impacto del incremento presupuestal en las Fuerzas Armadas.
El documento concluye que la creación de la Guardia Nacional, a pesar de sus grandes expectativas, no ha logrado resultados significativos en términos de mejora de la seguridad pública. Además, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ha llevado a una reducción de recursos destinados a las policías locales, afectando su capacidad operativa.
El informe también destaca el riesgo de corrupción asociado al incremento presupuestal y la «tradicional opacidad» en las operaciones de las Fuerzas Armadas. Se señala que la asignación de nuevas tareas de seguridad a estas instituciones, para las que no están preparadas, podría resultar en un aumento de violaciones a los derechos humanos.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien organizó el evento, subrayó la importancia del diálogo en temas de seguridad nacional. Lamentó la dificultad de este gobierno para mantener una conversación abierta con las organizaciones civiles sobre temas de seguridad, lo que, según él, representa una debilidad para el país.
Álvarez Icaza advirtió que las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal podrían fomentar la «militarización de la República». Estas reformas permitirían a las Fuerzas Armadas asumir más competencias, como el control de aduanas y aeropuertos, lo que podría extender aún más su influencia en la vida pública.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, detalló que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, durante el mismo período, la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina acumularon 4,800 quejas por violaciones a los derechos humanos.
Morera también destacó que los informes internos de la Guardia Nacional muestran que, entre 2020 y 2023, no se han registrado sanciones penales contra elementos por faltas cometidas. Además, a pesar de las denuncias de espionaje a periodistas y activistas por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH ha negado la existencia de tales prácticas.
Este informe subraya la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas de seguridad, para garantizar que las medidas adoptadas sean efectivas y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de resultados visibles y el incremento de quejas sugieren que se requieren ajustes significativos en la estrategia de seguridad del país.
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