Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados han levantado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, argumentando que representan un grave retroceso en los derechos humanos en México.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, criticó duramente las reformas, señalando que privilegian a los que pueden costear abogados y limitan el acceso a la justicia para el resto de la población. «Es un retroceso en materia de derechos humanos porque deben ser progresivos», enfatizó Moreira, refiriéndose a la violación al artículo primero de la Constitución que garantiza la protección federal.
Las bancadas de oposición emitieron un comunicado conjunto tras la presentación de las acciones legales, subrayando que estas reformas debilitan el juicio de amparo como herramienta efectiva de protección de derechos. Criticaron especialmente la disposición que impide a los jueces suspender la aplicación de normas generales que violen derechos humanos, lo que consideran un intento de fortalecer al gobierno en detrimento de los ciudadanos.
En relación con la Ley de Amnistía, los partidos de oposición coincidieron en que esta reforma podría perpetuar la impunidad al impedir que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos accedan a la justicia y a la verdad. Demandaron un respeto integral a los derechos de las víctimas, incluyendo el derecho a la reparación y a la justicia efectiva, no selectiva.
«Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el Estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país», concluyeron los legisladores de oposición en su comunicado, destacando la importancia de mantener un sistema judicial que garantice la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Esta impugnación marca un nuevo capítulo en la lucha política y legal en México, donde las tensiones entre el gobierno y la oposición sobre el equilibrio entre poder gubernamental y derechos ciudadanos continúan siendo temas de debate y controversia en el ámbito legislativo y judicial del país.
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