Diversas organizaciones indígenas y campesinas han unido fuerzas para proponer una serie de cambios estructurales destinados a transformar el panorama agrícola y social de México. Tras las elecciones presidenciales del 2018 y 2024, «donde se evidenció un rechazo contundente a las políticas neoliberales», estas organizaciones plantean un nuevo rumbo para el periodo 2024-2030.
El primer punto de la propuesta es la derogación de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, crucial para superar el legado neoliberal en el campo. Esta reforma, impuesta en el marco del TLCAN, ha sido identificada como uno de los pilares del neoliberalismo en México. Además, se propone revertir la Reforma Energética de 2013 y eliminar la figura de la ocupación temporal, en busca de recuperar la soberanía energética y alimentaria del país.
Otro aspecto clave es la incorporación de la Propiedad Social y el Derecho al Territorio en los artículos 27 y 2 de la Constitución, reconociendo la importancia de las comunidades indígenas y campesinas en la gestión integral del hábitat. Se propone también establecer un procedimiento federal para utilizar los excedentes de la propiedad privada y combatir la reconcentración de la tierra, abogando así por una Nueva Reforma Agraria.
En términos institucionales, se sugiere la creación de un Código Agrario y un código de procedimientos agrarios, la separación de las funciones de Desarrollo Urbano y Agrario, y el fortalecimiento de las atribuciones de las defensorías de núcleos agrarios.
La propuesta destaca la necesidad urgente de reconocer y respetar los derechos de las formas organizativas rurales, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos. Esto implica una revisión profunda de las políticas públicas para asegurar su representatividad y participación efectiva en la toma de decisiones que afecten sus comunidades y territorios.
En materia de autonomía para los pueblos indígenas, se hace un llamado a ampliar la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional para incluir el derecho al territorio y a la consulta previa, conforme a los acuerdos de San Andrés y en diálogo con el EZLN.
La soberanía y autosuficiencia alimentaria también ocupan un lugar central en la propuesta, promoviendo la agricultura campesina familiar como base para garantizar alimentos sanos y nutritivos. Esto requiere una renovación de la infraestructura productiva, la ampliación de áreas cultivables, la tecnificación del riego y el desarrollo de insumos amigables con el medio ambiente.
En cuanto a políticas económicas, se demanda un incremento significativo en el presupuesto rural y la creación de una banca de desarrollo agropecuario, accesible para los pequeños productores. Este impulso financiero busca fortalecer la producción primaria, la infraestructura de riego y la comercialización, así como mejorar las condiciones de participación en los mercados internos y externos.
La propuesta también aborda la urgencia de detener la devastación ambiental, la crisis climática y la sequía, consecuencias directas de las políticas extractivistas promovidas durante décadas. Se enfatiza en la adopción de prácticas agroecológicas que contribuyan a mitigar el cambio climático y recuperar los ciclos naturales del agua.
Finalmente, se subraya la importancia de garantizar los derechos laborales y sindicales para los trabajadores del campo, incluyendo a las mujeres, quienes cada vez más son protagonistas en el sector agrícola.
El documento dirigido a Claudia Sheinbaum, fue firmado por organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC); el Movimiento Social por la Tierra (MST); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. (CNPA); la Central Independiente de Obreros y Campesinos “José Dolores López Domínguez” (CIOAC- JDLD); y la Organización para el Desarrollo Rural Sustentable (OPDRS A.C.).
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