La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Samuel García, gobernador de Nuevo León, utilizó recursos públicos para favorecer al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Esta resolución se deriva de cuatro denuncias presentadas contra García por su presunta implicación en la campaña presidencial mientras ejercía su cargo de gobernador.
De las cuatro denuncias analizadas, dos fueron declaradas inexistentes y dos confirmaron ilícitos electorales. La primera denuncia confirmada se relaciona con un video en el que García entrega unos ‘tenis fosfo’ a Máynez tras reasumir la gubernatura. Inicialmente, este video no se consideró ilícito, pero tras una revisión ordenada por la Sala Superior, se concluyó que violaba los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad debido a la calidad de gobernador de García y el uso indebido de recursos públicos.
La promoción personalizada de Movimiento Ciudadano fue declarada inexistente, al igual que la falta de deber de cuidado del partido. Sin embargo, se aplicó una multa cuyo monto no fue precisado, por el beneficio indebido recibido por Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano debido a la aparición del gobernador en el video denunciado. La Sala Especializada ordenó al Congreso de Nuevo León sancionar a García por su indebida intervención en el proceso electoral federal.
En un segundo caso, se analizó la difusión de un comunicado institucional el 19 de noviembre de 2023 desde el Palacio de Gobierno, en el que participaron funcionarios públicos. Se determinó que García y el director de Movilidad y Promoción Urbana del gobierno de Nuevo León realizaron promoción personalizada utilizando recursos públicos, vulnerando los principios de imparcialidad y neutralidad.
La responsabilidad de la difusión de este comunicado recayó también en el director general del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y en la titular de Comunicación del Ejecutivo Local, quienes incumplieron su deber de vigilancia sobre los contenidos difundidos por la televisora oficial. Se ordenó a la Contraloría del gobierno de Nuevo León que sancionara a estos funcionarios y al Congreso estatal que sancionara al gobernador.
Las dos quejas declaradas improcedentes incluían una del PRD, que acusaba a García de uso indebido de recursos públicos en una conferencia del 8 de febrero. La mayoría de los magistrados consideró que no hubo ilícito, ya que las expresiones del gobernador estaban amparadas en su libertad de expresión y no tuvieron la intención de perjudicar a un partido político o candidatura.
El magistrado Luis Espíndola no estuvo de acuerdo con esta decisión, argumentando que sí hubo vulneración por parte de García en su calidad de mandatario, al declarar que nadie en la entidad votaría por Xóchitl Gálvez. La otra queja improcedente fue presentada por el PAN, relacionada con historias de Instagram, y se declaró inexistente porque ya había sido juzgada previamente sin ser impugnada.
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