El próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, que tomará posesión en octubre, planea recortar más de medio billón de pesos del gasto público para reducir el déficit, según la organización México Evalúa. El objetivo es disminuir el déficit a un nivel manejable, estimado en 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el siguiente año, en comparación con el actual 5.9%.
México Evalúa ha calculado que para lograr esta reducción, el gobierno de Sheinbaum tendría que recortar 516,100 millones de pesos del gasto público, lo cual representa un ajuste del 5.5% del gasto neto del sector público aprobado para 2024. Este recorte es comparable a eliminar todo el presupuesto de la Secretaría del Bienestar.
La organización subraya que estos recortes son viables, recordando que entre 2016 y 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se implementó un recorte del 8.6%. No obstante, advierten que los recortes tendrán un impacto significativo en los servicios públicos y, por ende, en el bienestar de la población.
Durante el mencionado periodo de austeridad, los principales conceptos sacrificados fueron la inversión y los subsidios. La inversión se redujo en un 26% y los subsidios y transferencias sufrieron una disminución del 12%. En contraste, los salarios de los funcionarios prácticamente no se redujeron debido a las dificultades para ajustar las prestaciones laborales.
Sheinbaum ha descartado la implementación de una reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos, a pesar de las presiones en rubros como educación, salud y seguridad. México Evalúa señala que sin una reforma fiscal, el gobierno tendrá que recurrir a recortes significativos en el gasto programable, estimados en 471,600 millones de pesos, equivalentes al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La narrativa de la futura presidenta de México se enfoca en ajustar el gasto público sin aumentar los impuestos, un enfoque que plantea desafíos considerables en la gestión de las necesidades crecientes del país. A pesar de la viabilidad técnica de los recortes, la implementación de estas medidas podría enfrentar resistencia tanto política como social.
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