La tasa de aprobación de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión ha sido la más baja alcanzada por un Ejecutivo Federal desde 1917, según un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD). A pesar de contar con la mayoría simple en ambas Cámaras, la tasa de aprobación de las iniciativas de López Obrador es menor que la de sus tres últimos antecesores: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.
El estudio, titulado «La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político», elaborado por César Alejandro Giles Navarro, detalla que la tasa de aprobación de las iniciativas del presidente López Obrador fue del 63.36%. Esta cifra contrasta con el 79.84% de Peña Nieto, 79.55% de Calderón y 74.70% de Fox. De 1917 al año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98%.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo de 2024, López Obrador envió 101 iniciativas al Congreso de la Unión, de las cuales 64 fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La investigación señala que el resto de las iniciativas no fueron aprobadas debido a múltiples causas, destacando la falta de mayorías calificadas, necesarias para el avance de las reformas constitucionales.
El estudio también identifica otros factores que disminuyeron la eficiencia del Ejecutivo como promotor de leyes. Entre estos factores se encuentran la política de confrontación con la oposición, la poca disposición para negociar y el uso de las iniciativas como instrumento electoral en la recta final del sexenio. Estas estrategias, según el estudio, han contribuido a la baja tasa de aprobación de las iniciativas del presidente.
Además de las resistencias en el Poder Legislativo, algunas de las iniciativas más emblemáticas de López Obrador fueron invalidadas mediante el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta situación ha generado una confrontación con el Poder Judicial, cuyo pronóstico aún es incierto.
El documento del IBD sostiene que los índices de rechazo legislativo y de impugnabilidad judicial de los últimos años sugieren que, tratándose de la agenda legislativa del Ejecutivo, la política de concertación es más efectiva que la política de confrontación. Esta conclusión destaca la importancia de la negociación y el diálogo en la formulación y aprobación de políticas públicas.
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