Este miércoles, legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) exigieron la renuncia de Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La acusan de amenazar al exsenador Alejandro Armenta y a magistrados del Tribunal Electoral, además de ocultar una supuesta reunión con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
El diputado del PT, Benjamín Robles, señaló: «Ahí está la independencia del Poder Judicial que tanto defiende la oposición, la presidenta de la Suprema Corte, afirmando, reconociendo, pregonando que el presidente de un partido político es su aliado, con todo lo que el concepto significa». Robles también destacó la «decencia» de Arturo Zaldívar, exministro de la SCJN, quien renunció a su posición para unirse a un proyecto político sin comprometer la independencia judicial. «Le exigimos a Norma Piña que haga lo mismo si lo que quiere es sumarse a un movimiento político», añadió.
Los legisladores reprocharon a la ministra presidenta por organizar una supuesta reunión con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la que habría asistido Alejandro Moreno. «El pueblo de México sigue esperando la explicación de la cena a la que convocó a magistradas y magistrados electorales, y también la invitación al presidente del PRI, Alito Moreno, a quien la ministra Piña se ha referido a él como su gran amigo y aliado», dijo otro diputado del PT.
La controversia se intensificó con las declaraciones de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien acusó a los ministros de la SCJN de extralimitarse en sus funciones y de echar para atrás leyes que apoyan al pueblo de México, aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. «Es inaceptable que los ministros intervengan de esta manera en el proceso legislativo», afirmó Sheinbaum.
Hasta el momento, Norma Piña no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones ni a la demanda de su renuncia. Sin embargo, el tema ha generado un amplio debate en la opinión pública y entre los actores políticos, quienes esperan una aclaración sobre los hechos denunciados y las acciones futuras de la SCJN.
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