El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado investigar la adjudicación de un contrato por 647 millones de pesos realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la empresa 3PM Proyectos Civiles Arquitectónicos, S.A. de C.V. La compañía ha sido señalada por sus posibles vínculos con malas prácticas y por formar parte de una red de firmas catalogadas como factureras o fantasmas.
“Todo lo vamos a investigar. Todo se atiende, contra quien sea. Si hay pruebas y si hay delitos, se hace una investigación”, aseguró el presidente López Obrador en su conferencia matutina. La adjudicación directa de este contrato a 3PM Proyectos Civiles Arquitectónicos, una empresa creada en 2020 durante su administración, ha levantado sospechas debido a que sus socios han estado vinculados con otros negocios señalados de defraudar al erario público con montos millonarios.
La red a la que pertenece 3PM está formada por al menos siete empresas que, con el tiempo, han intercambiado socios, traspasado acciones y cambiado de puestos sin motivos aparentes. Estas prácticas han encendido alarmas sobre posibles actividades fraudulentas y la creación de empresas fachada para desviar recursos públicos.
La Sedena otorgó a 3PM Proyectos Civiles Arquitectónicos la reubicación de un tramo de las vías del ferrocarril que va de Guaymas a Nogales, específicamente en la zona serrana de Imuris. El objetivo de la obra es desviar las vías del tren fuera de la ciudad debido a la modernización del puerto de Guaymas, lo cual incrementará el flujo de trenes de cuatro a 30 por día.
El presidente López Obrador subrayó la importancia de realizar esta investigación en un contexto electoral. “Estamos en tiempo de elecciones y ahora todo esto sale por el calor. Hay mucho calor y se ponen nerviosos y se enojan y denuncian más, pero todo está permitido, somos libres”, expresó el mandatario.
La empresa 3PM Proyectos Civiles Arquitectónicos y sus socios han estado bajo el escrutinio público por su implicación en otras compañías acusadas de defraudar las arcas del Congreso de Sonora y el Ayuntamiento de Empalme. Esta situación ha llevado a la administración federal a tomar medidas inmediatas para asegurar la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos.
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