Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ha rechazado emitir una orden de aprehensión contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. La Fiscalía General de la República (FGR) había señalado a Robles por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución, emitida el pasado 3 de abril, es el resultado de un proceso legal en el que se confirmó un amparo concedido en primera instancia por un Tribunal Colegiado. Este tribunal ordenó reponer el procedimiento y determinar si procedía o no librar la orden de captura, o si Robles debía ser citada a una audiencia para notificarle sobre la existencia de la orden.
El juez de control ahora revisará nuevamente la petición de la fiscalía para establecer las circunstancias en las que supuestamente se cometieron los delitos. La decisión del tribunal se basó en que los argumentos presentados por la fiscalía no refutaban las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo.
Pese a la negativa de la orden de aprehensión, el proceso legal continúa. El juzgado de amparo analizará la decisión del juez de control para determinar si se cumplió con los términos ordenados por el Tribunal Colegiado.
La acusación de la Fiscalía Federal contra Robles se centra en su presunta participación en el lavado de dinero, mediante el uso de «factureras», por una suma de 77 millones 847 mil pesos que la Secretaría de Desarrollo Social pagó a la Universidad Autónoma de Morelos.
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