El Senado de la República aprobó esta tarde una reforma a la Constitución que establece en su artículo 2º el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que viven en pueblos y comunidades indígenas. Con 76 votos a favor, se envía ahora a la Cámara de Diputados este proyecto que busca garantizar la protección de los menores frente a prácticas que vulneren sus derechos en estos contextos culturales.
La iniciativa resalta la necesidad de evitar que los usos y costumbres de estas regiones justifiquen acciones que atenten contra los derechos de las y los menores, como los matrimonios forzados, que especialmente afectan a las niñas y adolescentes. Se reconoce la importancia de respetar la diversidad cultural, pero se enfatiza que ello no puede estar por encima de los derechos humanos de los más jóvenes.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó la importancia de abordar este tema, señalando que los matrimonios infantiles forzados tienen múltiples causas, incluyendo normas de género que privan a las niñas de sus derechos. Subrayó la necesidad de proteger constitucionalmente a estos sectores vulnerables.
Por su parte, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez de Morena expresó su respaldo a la reforma, argumentando que es inaceptable que niñas de 13 o 14 años se casen con hombres mucho mayores, y llamó a la unidad en esta causa en beneficio de los niños y niñas mexicanos.
En contraste, la senadora Josefina Vázquez Mota del PAN alertó sobre la alta incidencia de matrimonios forzados en México y advirtió que ello no obedece únicamente a los usos y costumbres, sino a una falta de reconocimiento de los menores como sujetos de derecho. Enfatizó la necesidad de proteger a estos menores, incluso en zonas donde persisten prácticas nocivas.
La reforma, que refuerza lo aprobado en legislaturas anteriores, recibe también apoyo del PVEM, cuya senadora Gabriela Benavides Cobos señaló que con ella se erradican las uniones entre menores y adultos sin que los usos y costumbres sirvan como justificación. Desde el PT, la senadora Geovanna Bañuelos exigió un mayor respeto a la dignidad de las niñas y adolescentes indígenas.
A pesar de este avance en la protección de los derechos de los menores, el Senado rechazó otras dos reformas constitucionales, una relacionada con la inclusión de medios electrónicos para hacer peticiones de información, y otra sobre la soberanía nacional sobre aguas geotérmicas. Además, se conoció un tercer dictamen para proteger a agentes del ministerio público, peritos y miembros policiales, que no alcanzó el quórum reglamentario para su votación.
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