En un intento por evitar una demanda del gobierno mexicano que busca responsabilizarlos por el tráfico de armas hacia los cárteles de la droga a través de la frontera, los fabricantes de armas estadounidenses están preparando una solicitud para que la Corte Suprema de Estados Unidos atienda su caso.
La revelación se produjo durante una audiencia judicial virtual el viernes, donde un abogado de Smith & Wesson Brands mencionó que planean recurrir a la Corte tras la anulación de la decisión de un juez que desestimaba el caso por parte de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos el mes pasado.
La demanda, presentada por México en 2021, acusa a las empresas de armas de socavar las leyes de armas del país al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar que sabían que serían utilizadas por los cárteles de la droga, facilitando crímenes como asesinatos, extorsiones y secuestros.
El gobierno mexicano afirma que más de 500 mil armas ingresan anualmente desde EE. UU. a México, y que más del 68% de estas son fabricadas por las ocho empresas demandadas, que incluyen a Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
México sostiene que este contrabando ha contribuido a altas tasas de mortalidad relacionadas con armas, a una disminución económica y a un aumento del gasto en seguridad pública. Sin embargo, las empresas niegan las acusaciones.
El abogado de Smith & Wesson argumentó que existe una «posibilidad razonablemente buena» de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación, centrándose en si los reclamos de México están prohibidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Fuego (PLCAA), que ofrece amplia protección a los fabricantes contra demandas por el uso indebido de sus productos.
La Corte de Apelaciones dictaminó que, aunque la ley federal podría aplicarse a demandas extranjeras, el caso de México podría estar legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA.
El juez de distrito expresó «algunas reservas» sobre suspender completamente el caso mientras espera una apelación ante la Corte Suprema y tomará una decisión al respecto el 12 de marzo.
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