La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública una carta dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, alertando sobre la posible liberación de 8 militares vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
La funcionaria federal destacó la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer pública la comunicación desde el 12 de diciembre, subrayando el riesgo que representa modificar las medidas cautelares y la trascendencia del caso para el Estado mexicano.
La carta detalla la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que estimó fundado el agravio de los militares, modificando la medida cautelar de prisión preventiva. La preocupación expresada por Alcalde se centra en el riesgo de sustracción de la justicia al modificar la prisión preventiva, resaltando la importancia y trascendencia del caso debido a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.
Recientemente, la jueza federal Raquel Ivette Duarte ordenó la liberación provisional de los 8 militares, quienes estaban detenidos desde junio del año pasado, relacionados con la desaparición de los normalistas. La jueza impuso condiciones como la presentación periódica, el pago de una garantía y la prohibición de salir del país, considerando que no existe riesgo de fuga.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la decisión de la jueza para garantizar la seguridad de las víctimas. El Gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, rechazó las declaraciones de los magistrados del tribunal colegiado y expresó su desconfianza en el Poder Judicial, alegando falta de interés en hacer justicia.
El presidente López Obrador también rechazó las acusaciones de protección a los militares involucrados en la desaparición de los normalistas, destacando la importancia de la carta de Luisa María Alcalde y lamentando la actuación del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado indicando que los militares están sujetos a un procedimiento penal y no han sido exonerados. La Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados respaldó la decisión del Tribunal, señalando que se ajusta a la Constitución y tratados internacionales, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía.
En este contexto, el caso de los militares vinculados al caso Ayotzinapa se mantiene en el centro de la atención pública, marcado por la tensión entre el Ejecutivo, el Judicial y la Fiscalía, así como la preocupación por el respeto a los derechos humanos y la justicia en el país.
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