En una votación dividida, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma a los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política. El cambio establece que, en caso de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) requiera servicios de correos y telegráficos, deberá asumir los costos correspondientes de acuerdo con su presupuesto asignado. El dictamen fue enviado al Senado para su revisión y efectos constitucionales.
Con 217 votos a favor, 158 en contra y cero abstenciones en los artículos no reservados, y 211 votos a favor, 152 en contra y cero abstenciones en las reservas, la reforma generó un intenso debate en el recinto legislativo.
La modificación impone multas de 100 a mil días a los jefes de oficinas públicas de comunicaciones que se nieguen a recibir o transmitir mensajes, excepto por falta de pago relacionada con servicios al PJF. Los artículos transitorios estipulan que la reforma entra en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y establece plazos de 120 días para firmar contratos de prestación de servicios entre el Servicio Postal Mexicano, Financiera para el Bienestar y el PJF.
Posiciones en contra y a favor
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) expresó que la reforma busca debilitar al Poder Judicial Federal y lamentó que se dedique tiempo a esta iniciativa en lugar de abordar reformas más relevantes para mejorar el sistema de justicia. Por su parte, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) afirmó que el objetivo es fortalecer los servicios postales a través de empresas estatales y no debilitar al Poder Judicial.
Desde el PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano señaló que SEPOMEX está en una situación financiera difícil, pero desmantelar al Poder Judicial no es la solución. En tanto, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) argumentó que la reforma no afectará la operación del Poder Judicial y que fortalecerá financieramente al Servicio Postal Mexicano y Financiera para el Bienestar.
Críticas y preocupaciones
Miembros de la oposición, como la diputada Sonia Mendoza Díaz (PVEM), expresaron que la aprobación del dictamen no busca debilitar al Poder Judicial y que es coherente con las finalidades gubernamentales. Sin embargo, legisladores del PAN, PRD y MC manifestaron su rechazo, argumentando que la propuesta atenta contra el Poder Judicial y que el PJF deberá erogar grandes sumas para cumplir con la reforma.
La discusión también incluyó propuestas de moción suspensiva, las cuales fueron desechadas. La reforma busca abordar las dificultades financieras de SEPOMEX y FINABIEN, pero ha generado críticas por posibles consecuencias en la independencia del Poder Judicial y en la calidad del servicio postal.
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