En una reciente propuesta de modificación a la Ley General de Población, las senadoras Olga Sánchez Cordero y Mónica Fernández Balboa han introducido la controvertida idea de la «CURP con foto», un documento de identidad que plantea riesgos significativos para los derechos humanos en México. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha destacado una serie de preocupaciones cruciales, desde la vigilancia masiva del Estado hasta la exclusión potencial al acceso a servicios públicos.
La iniciativa, que ya ha sido aprobada en las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República, propone reemplazar la Ley General de Población de 1974 y establece la obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos para obtener la CURP con foto.
Uno de los principales puntos de inquietud radica en la ambigüedad en la recolección de datos biométricos, ya que se deja abierta la posibilidad de recabar más información que la inicialmente especificada. Esto, según R3D, podría tener implicaciones significativas para la privacidad y seguridad de los individuos.
La centralización de la información biométrica bajo el resguardo de la Secretaría de Gobernación también ha levantado alarmas, debido al alto riesgo de vulnerabilidad ante posibles ataques informáticos. Una base de datos centralizada representa un objetivo potencialmente atractivo para ciberatacantes, con consecuencias devastadoras para los individuos cuya información sea comprometida.
Además, la imposición del registro obligatorio sin el consentimiento de los ciudadanos plantea el riesgo de exclusión social, ya que la CURP con foto podría convertirse en un requisito para el acceso a servicios públicos esenciales.
La capacidad de vigilancia masiva del Estado también se ve ampliada con la creación de esta base de datos centralizada, lo que genera preocupaciones sobre la libertad de movimiento y asociación de los ciudadanos, así como la posibilidad de persecución a diversos grupos, incluyendo activistas y periodistas.
La propuesta de la CURP con foto se asemeja en muchos aspectos a la anterior propuesta de la Cédula Única de Identidad Digital de 2021, heredando algunas de sus problemáticas, aunque de manera menos explícita en la redacción actual.
En un momento en el que las autoridades y la delincuencia organizada a menudo muestran una interconexión preocupante, la protección de la privacidad y seguridad de los ciudadanos es de vital importancia. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) insta a la consideración de mecanismos alternativos que permitan garantizar el derecho a la identidad legal sin poner en riesgo de manera innecesaria la privacidad y seguridad de la población mexicana.
La iniciativa actualmente propuesta plantea interrogantes significativas sobre cómo se equilibrarán estos derechos fundamentales en el contexto de la nueva era digital. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado previamente los riesgos asociados con la recopilación masiva de datos biométricos y la creación de bases de datos masivas en manos del Estado.
La R3D advierte que, de no considerarse cuidadosamente, esta iniciativa podría tener consecuencias duraderas para los derechos humanos en México y hace un llamado a un debate informado y reflexivo sobre el tema.
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