El diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha presentado una iniciativa de Ley que busca reformar los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo principal es obligar a los prestadores de servicios de Internet a atender mandamientos judiciales o administrativos, contribuyendo así a la persecución de delitos perpetrados a través de plataformas digitales.
La propuesta surge en respuesta al creciente fenómeno de ciberdelincuencia, donde se observa una tendencia de los infractores a utilizar el ciberespacio como escenario para llevar a cabo acciones ilícitas. En este contexto, la iniciativa plantea la necesidad de regular los deberes de los proveedores de servicios de acceso a Internet en el ámbito de la procuración de justicia y seguridad pública.
La modificación propuesta al artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecería que «los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de internet están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes».
Adicionalmente, se sugiere la inclusión del párrafo II Bis al Artículo 190, que impondría a los proveedores de servicios de Internet la responsabilidad de conservar un registro y control de las comunicaciones efectuadas a través de cualquier tipo de línea. Estos registros deberán mantenerse disponibles durante doce meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real por parte de las autoridades competentes. Posteriormente, los datos podrán ser resguardados en sistemas de almacenamiento electrónico durante doce meses, y en caso de requerimiento, los proveedores tendrán un plazo de hasta 48 horas para proporcionar la información solicitada tras la notificación correspondiente.
La propuesta también hace hincapié en la importancia de garantizar la conservación, integridad y seguridad de los datos, así como en el estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de las autoridades para investigar y combatir delitos digitales, brindando un marco normativo que obligue a los proveedores de servicios de Internet a colaborar activamente en la procuración de justicia y la preservación de la seguridad pública en el entorno digital.
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