La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se encuentra en una situación compleja en relación con la distribución de libros de texto.
En un reciente desarrollo, la Conaliteg ha notificado su incapacidad para cumplir con una suspensión definitiva que le obliga a distribuir solamente libros de texto elaborados de acuerdo a los programas y planes de estudio vigentes.
Este conflicto surge a raíz de un juicio de amparo presentado por la Unión Nacional de Padres de Familia, que busca frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
Yadira Medina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informó que la Conaliteg ha reiterado su imposibilidad de cumplir con la medida cautelar.
La jueza señaló que, a pesar de esta notificación, la comisión de la SEP tiene la obligación de acatar la suspensión definitiva. De no cumplir con esta obligación, se aplicarán las sanciones correspondientes.
En una orden anterior emitida el 29 de julio, la jueza instruyó a la SEP entregar pruebas que demostraran la conformidad con la normativa y los procedimientos legales en la impresión de los nuevos libros.
No obstante, la SEP no pudo proporcionar evidencia de que los libros de texto gratuitos se ajustaran a los programas y planes de estudio previamente aprobados para el ciclo escolar 2023-2024.
Como resultado, la jueza dictaminó en la suspensión definitiva que si la SEP no cumplía con los requisitos, debía detener la impresión y distribución de los libros.
Este dictamen no fue respetado por la dependencia educativa, lo que ha generado un conflicto mayor en torno a la distribución de los materiales. La jueza ha programado una audiencia constitucional para el 18 de agosto, en la que se decidirá si se concede el amparo y si la distribución de los libros se detiene de manera definitiva.
Actualmente, los gobiernos de varios estados, incluyendo Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León, han suspendido la entrega de los libros de texto en espera de una resolución en el juicio de amparo.
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