El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado mecanismos para investigar y fiscalizar la propaganda en espectaculares y bardas, así como los eventos políticos relacionados con los procesos internos de Morena y el Frente Amplio por México. Estas medidas buscan prevenir actos anticipados de campaña y garantizar la equidad en la elección presidencial de 2024.
En caso de comprobarse que los aspirantes han incurrido en actos anticipados de precampaña, apoyo ciudadano o campaña, se acumularán a los topes de gastos correspondientes. El INE requerirá a los partidos y actores políticos que presenten un calendario de actividades programadas semanalmente para realizar verificaciones de campo en los eventos.
Las diferentes unidades del INE, como la Unidad Técnica de Contencioso Electoral, las Juntas Locales Ejecutivas, las Juntas Distritales Ejecutivas y la Unidad Técnica de Fiscalización, compartirán información para identificar los actos y propaganda previos al inicio de las precampañas y los periodos de obtención del apoyo ciudadano en el proceso electoral de 2024.
La consejera Carla Humphrey señaló que algunos participantes de los procesos internos de los partidos podrían estar incurriendo en actos anticipados de precampaña o campaña, y la autoridad electoral no ha sido oficialmente informada de ello. Por este motivo, el INE se enfocará en vigilar estos procesos internos y garantizará que se cumpla con el marco jurídico establecido.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, destacó la labor de la Comisión de Quejas y Denuncias en este sentido, y afirmó que el INE está atento a lo que sucede en el país y trabajando para asegurar la equidad en los procesos electorales.
Por otro lado, la consejera Claudia Zavala planteó preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios del INE, especialmente en zonas con alta inseguridad. Hizo referencia a un incidente en un mitin de Adán Augusto López, donde pidió al personal del INE identificarse durante el evento.
Las medidas implementadas por el INE buscan proteger la equidad y la legalidad en el proceso electoral, garantizando que los actos anticipados de campaña y la propaganda no afecten el desarrollo de la contienda en 2024.
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