Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acusa a los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) de utilizar recursos públicos de manera indebida y llevar a cabo actos anticipados de precampaña y campaña en sus eventos promocionales que iniciaron el pasado 19 de junio en distintas partes del país.
La denuncia se dirige específicamente contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco, así como Morena y aquellos que resulten responsables.
Álvarez Máynez señaló que los diversos actos proselitistas realizados en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y el Estado de México podrían constituir actos anticipados de precampaña y campaña, lo cual va en contra de la normativa electoral.
Además, se denunció la presencia de propaganda ilegal en beneficio de los denunciados, como espectaculares, bardas pintadas, lonas y anuncios en camiones, lo cual también contraviene las disposiciones legales.
Incluso, legisladores con licencia que participan en el proceso interno de Morena, como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, han criticado la situación y acusado a sus compañeros de coalición de contratar cientos de anuncios espectaculares.
En sus redes sociales, el legislador de MC declaró: «Si ellos no se cansan de violar la ley, nosotros no nos vamos a cansar de defender la democracia. Hoy presentamos una denuncia por los eventos de campaña en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México por parte de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Noroña y Manuel Velasco».
La denuncia presentada por Movimiento Ciudadano busca que el INE investigue y determine si se cometieron irregularidades en los eventos promocionales y el uso de recursos públicos por parte de los mencionados aspirantes presidenciales, con el objetivo de salvaguardar el principio de equidad y transparencia en el proceso electoral.
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