Casi el 8 por ciento del récord de 58 mil millones de dólares enviados a casa por mexicanos, en su mayoría residentes en EE. UU., el año pasado parece estar relacionado con actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, según un nuevo informe de un grupo de expertos con sede en México.
Las remesas a México se han disparado en los últimos años debido a las nuevas migraciones a Estados Unidos, pero al menos 4,400 millones de dólares de esas remesas podrían estar vinculadas a actividades delictivas, dijo el lunes Signos Vitales, un centro de estudios que agrupa a investigadores que analizan datos públicos en México.
Las señales de alerta incluyen el aumento de las remesas de áreas con poblaciones de inmigrantes mexicanos relativamente pequeñas y el hecho de que algunas ciudades mexicanas reciben más transferencias de dólares por mes que el número de hogares, según el informe. Los investigadores también apuntan a las remesas de fuentes desconocidas.
“Se necesita explicar el aumento tan bárbaro que ha habido en los últimos años. Sí, es impresionante que hayan aumentado de 21 millones a casi 60 millones de dólares, en términos absolutos, pues la verdad es que es muchísimo dinero”, dijo Enrique Cárdenas, profesor de economía que dirige Signos Vitales. “Está muy raro, eso no sucede en el resto del país, puede ser que haya una explicación muy sensata, pero no está claro”.
Según los datos más recientes, Minnesota tenía aproximadamente 200,000 residentes de ascendencia mexicana, sin embargo fue el estado de EE. UU. con el tercer mayor número de envíos a México en 2022. En más de 200 comunidades en México, la cantidad de envíos ha superado el total número estimado de hogares en la región, lo que sugiere que el 100 por ciento de ellos recibe dinero del exterior, lo cual es poco probable, según el informe.
Las remesas de trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos casi se triplicaron el año pasado a un récord de 58,500 millones de dólares, frente a poco más de 22 mil mdd de la década anterior. El flujo de efectivo ha ayudado a la segunda economía más grande de América Latina durante la pandemia, permitiendo que las familias mexicanas continúen cubriendo los gastos a pesar de la limitada asistencia gubernamental y la actividad de los contratos.
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