La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no obtuvo los votos necesarios para poder eliminar el Registro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México, a pesar de que la mayoría de los ministros consideró que violaba varios derechos, como el de rehabilitación social.
Por otro lado, el máximo tribunal del país prohibió el acceso público a este registro de personas sentenciadas en la CDMX por delitos como abuso sexual, violación y corrupción de menores, por lo que ya no podrá ser consultado libremente, solo por las autoridades, las cuales tienen la función de inscribir a los condenados.
De igual forma, durante sesión pública, el pleno de la SCJN votó eliminar este antecedente penal del Código Penal capitalino, que establecía que los jueces deben ordenar el registro de los condenados por diversos delitos sexuales con una «medida de seguridad».
«La medida tal como está diseñada, e insisto, no me parece que sea inconstitucional per se, pero sí me parece que viola diversos principios constitucionales la manera cómo se ha regulado y establecido en las normas que estamos analizando».
“También estimo que es violatoria de la reinserción social, es violatoria del Derecho penal del acto y analizando su esencia y sus consecuencias, me parece que trasciende en mucho a una medida de seguridad y se convierte en una sanción penal independiente y adicional para quienes incurren en este tipo de conductas”, explicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En sus alegatos, ministros coincidieron en cuestionar que dicha ley, aprobado por el Congreso capitalino en 2020, ordenara mantener en el registro público a los sentenciados por dichos delitos no solo mientras cumplen su condena, sino también durante un plazo adicional de 10 a 30 años, a partir de que obtengan su libertad.
«El resultado Legislativo excede en varias partes a ser una mera medida de seguridad, me parece que la intención es loable y empoderadora, pero tiene segmentos que rayan en realidad como una pena adicional como lo es extender la consecuencia formal de la condena», dijo la ministra Margarita Ríos-Farjat.
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