Demandan desde el Senado imponer dos años de prisión por violencia vicaria

La senadora Rocío Abreu Artiñano propuso tipificar y sancionar la violencia vicaria, que definió como aquella que se ejerce contra una mujer por parte de quien ha tenido o mantiene una relación con ella, utilizando como objeto a sus hijas, hijos u otra persona con la que tiene lazos familiares, buscando así hacerle algún daño.

Los legisladores de Morena propusieron castigar este tipo de violencia con una pena de seis meses a dos años de prisión, independientemente de los delitos cometidos por el agresor.

Para ello presentó una iniciativa que adiciona un artículo 7 bis y modifica el artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el artículo 343 del Código Penal Federal.

Abreu señaló que la propuesta de reforma obliga a los poderes legislativos federal y local a considerar la tipificación y sanción del delito de violencia vicaria, sin importar los delitos cometidos por el agresor.

En ese sentido, precisó que poco se habla de este tipo de agresiones y que no está contemplado en la referida ley ni en la normativa federal. La violencia vicaria, sin embargo, es la que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos.

El principal objetivo, agregó, es el control y la dominación sobre la mujer, una expresión máxima de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad. Y destacó que el padre o la pareja de la mujer ejerce una violencia extrema contra éstos, incluso hasta llegar a la muerte.

La violencia vicaria, explicó, por lo tanto, debe ser vista como una forma de violencia de género y, aunque puede ocurrir en contextos y formas similares a otros tipos de violencia, es importante hablar de ella para reconocerla y tomar conciencia. visible para las víctimas y sancionada por las autoridades judiciales y como una forma de violencia contra las mujeres.

Adicionalmente, señaló que en el país, estados como Zacatecas, Yucatán, Hidalgo y Estado de México contemplan dentro de sus ordenamientos este tipo de violencia, mientras que Jalisco, Guerrero y Guanajuato, hacen lo propio en el tema.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda.

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