Durante la votación del dictamen del protocolo de reforma de los distintos regímenes jurídicos relativos a la Guardia Nacional y la seguridad pública, el GPPRD ratificó su compromiso de respetar la Constitución y preservar la Guardia Nacional como organismo civil.
Al respecto, el coordinador del grupo perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró que este texto omite los acuerdos alcanzados durante el consenso de la Cámara de Senadores de 2019.
“Reiterando nuestro absoluto respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, son a las primeras que debiéramos de proteger con el andamiaje jurídico, porque si no estas leyes van a caer como fichas de dominó cuando se haga la prueba constitucional de las mismas y toda la actuación que en ella se haya soportado, de las Fuerzas Armadas, se puede ver afectada también y ver afectados a los elementos que la integran”, argumentó.
Por su parte, el senador Juan Manuel Fócil Pérez calificó de aberración jurídica el documento con el que quieren instalar el militarismo.
“Esta propuesta modifica, por vía de una legislación secundaria, el sistema de seguridad pública establecido en la Constitución en el artículo 21, donde señala claramente que la Guardia Nacional debe ser una policía civil, debe estar adscrita a la seguridad pública y que debe tener doctrina policial, no militar”, expuso.
Luego de liberar los puntos por los cuales votaron en contra, el GPPRD solicitó a la Cámara Alta que se reconsideren las implicaciones de aprobar la minuta, tales como dar claridad a las tareas de seguridad nacional y las de seguridad pública, así como la capacitación y policías municipales y adelantaron que habrá acción de inconstitucionalidad por parte del bloque opositor.
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