El “Plan B” de reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Senado de la República contempla recortes presupuestales a los congresos locales y a las autoridades electorales, propone modificaciones a la figura de revocación de mandato y mantiene la elección del Poder Judicial para 2027.
Entre los puntos que han encendido alertas para la democracia destacan las modificaciones a la revocación de mandato, que abrirían la puerta a que la titular del Ejecutivo promueva su permanencia en el cargo utilizando recursos públicos. A ello se suma que ese mismo año coincidirán múltiples procesos electorales: la renovación de 17 gubernaturas, así como la elección de alcaldías, diputaciones federales, jueces y magistrados.
La iniciativa de reforma constitucional que Sheinbaum envió al Senado también propone que el gasto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. Asimismo menciona que se limitarán las sindicaturas, por lo que sólo será una por municipio.
En materia de paridad de género, resulta contradictorio que, pese a sostener que en su sexenio “llegamos todas”, la presidenta haya eliminado en su Plan B la disposición que establecía la paridad en los ayuntamientos.
El texto de la propuesta prohíbe la reelección inmediata de diputados locales, limita candidaturas de familiares y busca evitar redes de poder.
Otro aspecto clave, es la reducción salarial para altos funcionarios, incluyendo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los magistrados.
En este sentido, desarrolla que ningún funcionario podrá ganar más que la presidenta Claudia Sheinbaum y se busca eliminar beneficios adicionales como bonos y seguros de gastos médicos.
Por otro lado, en lo que corresponde a la fiscalización de recursos, la mandataria busca que las autoridades electorales puedan colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para supervisar los recursos utilizados en las campañas electorales. Además, señala que se emplearán tecnologías avanzadas para rastrear el origen y destino de los fondos.
En cuanto a los comicios judiciales, se mantiene la fecha actual para que estos se desarrollen en junio de 2027. A la par que las elecciones intermedias en las que se renovarán miles de cargos de elección popular.
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