La Agencia Tributaria Federal de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir información que facilitará la identificación de migrantes en situación irregular en el país. Según documentos judiciales, esta colaboración permitirá a ICE obtener detalles sobre contribuyentes investigados o aquellos que ya han recibido una orden de deportación.
El acuerdo, cerrado el lunes, genera preocupación entre los grupos defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que el acceso a esta información viola leyes de privacidad y podría resultar en deportaciones erróneas. Nandan Joshi, abogado de Public Citizen, que representa a estos grupos, señaló que el intercambio de datos entre el IRS y el ICE podría dar lugar a falsos positivos, dificultando la confirmación de identidades y aumentando el riesgo de expulsiones injustificadas.
El IRS, que hasta ahora ha permitido que migrantes que entraron ilegalmente al país paguen impuestos, ha estado bajo un escrutinio adicional debido a este acuerdo. Los datos sensibles, como lugar de residencia, ingresos y detalles familiares de los contribuyentes, están estrictamente protegidos por la legislación federal. Sin embargo, el acuerdo entre el IRS y el ICE establece que el Servicio de Inmigración puede solicitar información relacionada con individuos bajo investigación criminal, lo que implica que el IRS debe proporcionarla.
Este acuerdo se produce en un contexto en el que el presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra la inmigración ilegal, una de sus promesas clave durante su mandato. Los grupos migrantes temen que este acuerdo permita que el gobierno identifique y expulse a más personas en situación irregular, entre las cuales se estima que viven más de 11 millones en el país, muchas de ellas provenientes de América Latina.
El acuerdo también llega en medio de controversias legales, como el caso reciente en el que la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la deportación de presuntos pandilleros venezolanos bajo una ley de 1798. Esta decisión se suma a las tensiones por la política migratoria del gobierno de Trump.
El Departamento de Justicia reconoció un «error administrativo» en la expulsión de un migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, quien fue deportado erróneamente el 15 de marzo. Este caso resaltó los riesgos de las deportaciones sin un debido proceso, lo que alimentó aún más las críticas de los defensores de los derechos de los migrantes.
Grupos como el Tax Law Center y Public Citizen han argumentado que este acuerdo amenaza los derechos de privacidad de los estadounidenses y podría violar las leyes que protegen la información fiscal. En un blog reciente, los expertos señalaron que este tipo de acceso a los datos podría resultar en un uso indebido de la información personal y generar un aumento de deportaciones injustas.
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