Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) protestaron por segunda vez frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en rechazo a lo que consideran una «crisis de derechos humanos» en el país y en respuesta a un citatorio emitido a tres de sus legisladores. Este llamado judicial fue motivado por supuesto daño patrimonial al edificio durante la manifestación que realizaron el pasado 12 de septiembre, cuando «clausuraron» simbólicamente la CNDH.
La coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó al PAN de votar en contra de los programas sociales. “Votamos a favor de los programas sociales, votamos en contra de la opacidad, de la corrupción y de la discrecionalidad con la que ejercen los recursos de los mexicanos”, enfatizó Luna.
Desde la sede de la CNDH, Luna Ayala urgió a la administración de Sheinbaum a no utilizar estos señalamientos como «distractores» del verdadero problema que, en su opinión, es el «intento de destruir el Estado de derecho y el régimen constitucional de la República mexicana». La diputada también criticó la labor de la CNDH y su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, a quien acusó de ser “una roca en contra de la defensa de los derechos humanos”.
Durante la protesta, la diputada panista denunció que las violaciones a los derechos humanos en México han alcanzado niveles preocupantes. Recordó el caso reciente de Alexis, un joven presuntamente amenazado por elementos de la Guardia Nacional, y afirmó que la CNDH ha sido omisa ante estos incidentes. “No nos van a callar, no vamos a dejar de manifestarnos”, sostuvo la legisladora.
Luna Ayala también condenó lo que consideró como un intento de «amedrentar» a dos juezas que se pronunciaron en defensa de los derechos humanos. A su juicio, estas acciones reflejan un «autoritarismo» creciente y la intención de silenciar las voces críticas. Además, aseguró que el citatorio a los legisladores panistas por parte de un juez civil es un “acto ridículo” y un intento de intimidación.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, otro de los citados por el supuesto daño patrimonial, informó que hasta el momento no han recibido una notificación formal de la CNDH respecto a la desestimación de la denuncia, pese a que esta fue publicada en el portal de la comisión. «Creemos que el proceso sigue abierto, ya que no hemos sido notificados oficialmente”, señaló.
La clausura simbólica de este lunes refuerza la postura del PAN en contra de la administración de la CNDH y su presunta falta de independencia. Para Luna Ayala, las denuncias y citatorios emitidos tras la primera protesta de septiembre muestran una parcialidad preocupante, ya que, en su opinión, desvían la atención de los problemas reales de derechos humanos que enfrenta el país.
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